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La lucrativa tajada de la “conveniencia”
Cuando las comisiones por pago de servicios o depósitos bancarios resultan desproporcionales e injustas
En un país como México, donde más de la mitad de la población trabaja en la informalidad y millones de familias estiran cada peso para llegar al fin de quincena, existe un impuesto invisible que se cobra en cada esquina de México. Un “impuesto” que no lo recauda el Servicio de Administración Tributaria, sino las cajas registradoras de tiendas de conveniencia que todos conocemos.
Hablamos de las comisiones por pago de servicios: esos cobros que hoy rondan los 15 o 20 pesos por cada recibo de luz, agua, teléfono o depósito bancario.
A primera vista, 15 o 20 pesos parecerían una cantidad menor, equivalente al precio de un refresco o un viaje en transporte público. Sin embargo, cuando se analiza un poco mejor, esta comisión revela su verdadera naturaleza: una transferencia económica desproporcionada e injusta.
El argumento para justificar dicho cobro siempre ha sido el mismo: la “tarifa por conveniencia”. Nos dicen que pagamos por la infraestructura, el sistema que enlaza a las empresas de servicios con las cajas y por el sueldo del dependiente que nos atiende. Argumento se cae fácilmente, debido a que los sistemas informáticos y las nóminas de los empleados son costos fijos que estas tiendas ya cubren para su negocio principal, que es la venta de abarrotes. Cobrar un recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por ejemplo, no le cuesta más a la tienda; el sistema ya está encendido y el cajero esta ya contratado. Incluso el traslado de dinero en camiones blindados se diluye a fracciones de centavos cuando una sola sucursal procesa decenas de transacciones financieras al día.
La realidad es que estas tiendas abusan de una falla estructural del Estado mexicano: la falta de bancarización y la escasez de ventanillas públicas. Millones de mexicanos que no tienen una tarjeta de débito, o que viven en colonias y comunidades donde no hay una sola sucursal bancaria ni cajeros oficiales de agua o luz, se ven obligados a acudir a la tienda de conveniencia para realizar sus pagos. La realidad es que no van por gusto, sino por pura necesidad. Para una persona de la tercera edad o una madre trabajadora, gastar 15 o 20 pesos en una tienda de conveniencia resulta más barato que gastar 40 pesos en camiones y perder horas de su día realizando pagos en dependencias o cajeros.
Cuando multiplicamos esos 15 o 20 pesos por las más de 70 transacciones diarias que realiza cada una de las más de 25,000 sucursales del país, la cifra se vuelve obscena. Estamos hablando de millones de pesos diarios que se cobran por concepto de comisiones. Sin duda un negocio redondo donde la tienda no arriesga inventario, no genera un valor real y solo sirve de puente, cobrando un peaje altísimo a una población cautiva que se ve obligada a realizar un pago.
Es urgente que el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los mismos diputados y senadores dejen de mirar hacia otro lado bajo el pretexto de la “libre oferta y demanda”. Debemos recordar que regular no necesariamente significa asfixiar al comercio.
Implementar modelos donde las empresas de servicio absorban las comisiones, aplicar topes regulatorios proporcionales al monto del recibo y reembolsar estos cobros mediante compras en la misma tienda, son soluciones viables que deberían analizarse. Es momento de poner un límite sensato a una “conveniencia” que le cuesta demasiado a una sociedad cautiva.
¿Usted qué opina?
robgarzagzz@gmail.com